[30 de septiembre de 2020, Guadalajara, Jal.] Esta semana, el Centro Rizoma del Migrante se unió a más de 100 organizaciones para solicitarle a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, tal sus siglas en inglés) que reconsideren su aprobación reciente de la solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, tal sus siglas en inglés) que le permitiría destruir archivos internos referentes a actos ilícitos.
El Centro Rizoma del Migrante entrevista ciudadanos mexicanos que se deportaron mediante el Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) para identificar si se cometió algún abuso. Además, presenta demandas en nombre de las personas cuyos derechos se violaron mientras que se encontraban bajo custodia estadounidense. Gracias a las entrevistas de migrantes deportados a través del PRIM, el Centro Rizoma del Migrante identificó prácticas de la CBP que violaban los derechos fundamentales de los detenidos.
Los documentos que la CBP desea destruir comprenden “documentos creados para vigilar y darle seguimiento a demandas que la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS investiga actualmente o investigará en un futuro y que conciernen alegaciones de violaciones contra los derechos y las libertades civiles, entre ellas demandas que el Centro Rizoma del Migrante presentó:"documentos que les atañen a las investigaciones administrativas y penales acerca de los empleados, contratistas [de la CBP] y personas bajo custodia de la CBP"; así como documentos y denuncias de violaciones alegadas contra la Ley para la Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA, tal sus siglas en inglés).
El historial de abusos e impunidad de la CBP, así como su falta de transparencia e incapacidad para hacer que su propio personal rinda cuentas de sus actos, generan dudas con respecto a sus esfuerzos por destruir pruebas que podrían utilizarse en futuras investigaciones de la dependencia federal del orden público. El comunicado público que se emitió esta semana se realizó con el objetivo de evitar que la CBP destruya documentos que comprueben sus manifiestas malas prácticas.
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