Declaración conjunta binacional

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Como organizaciones que representan a la sociedad civil en la región, nos alarma y nos oponemos al ofensivo riesgo de salud pública creado por las deportaciones y expulsiones de Estados Unidos que se están llevando a cabo en medio de la crisis de salud global. Hacemos un llamado urgente a las administraciones de Trump y López Obrador para que dejen de exacerbar las vulnerabilidades de las y los migrantes y trabajen para construir un entorno seguro para todos los habitantes de la región de América del Norte.

Estados Unidos, actualmente el epicentro de la pandemia del COVID-19, no ha podido controlar la introducción y propagación del virus en los ya de por sí sobrepoblados y poco sanitarios centros de detención. El COVID-19 continúa extendiéndose rápidamente dentro de los centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos, donde actualmente se encuentran detenidas cerca de 27,000 personas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó que al 22 de mayo han dado positivo 1,201 detenidos y 44 empleados del ICE en los centros de detención. El 6 de mayo el ICE confirmó el primer fallecimiento por COVID-19 de un inmigrante detenido, mientras que el 10 de mayo, un ex detenido murió después de haber sido liberado.

La posible propagación del altamente contagioso y mortal virus no ha disuadido las deportaciones y expulsiones de Estados Unidos de ciudadanos extranjeros desde o hacia los puntos críticos del COVID-19. En abril, después de que México declarara la emergencia de salud pública, Estados Unidos regresó a cerca de 15,000 personas incluyendo no mexicanos la mayoría al territorio mexicano, y deportó a personas que se encontraban en centros de detención en los que se sabía que había brotes. Una gran cantidad de personas detenidas en Estados Unidos fueron deportadas o expulsadas sin antes realizarles pruebas de contagio por COVID-19, y hay informes de personas deportadas de los Estados Unidos que posteriormente dieron positivo al estar de regreso en su país de origen.

A pesar de que México tiene la carga de recibir la mayoría de las deportaciones y expulsiones de los Estados Unidos, el país ha tenido problemas para responder e incluso cuantificar el alcance de la pandemia debido a la falta de recursos, suministros, infraestructura y mecanismos de salud para informar. Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, y Ciudad de México—ciudades a donde las y los migrantes aún están siendo deportados o expulsados—son puntos críticos emergentes donde se ha confirmado un número de casos que cada vez es mayor.

Deportaciones y retornos forzosos en la frontera entre Estados Unidos y México

A pesar de los llamamientos de las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de derechos humanos en ambos lados de la frontera, las deportaciones y expulsiones en la frontera entre Estados Unidos y México no han cesado. De hecho, el 19 de mayo de 2020 el ICE anunció que los vuelos internos de repatriación se reanudarían tras haber suspendido el programa el 19 de marzo. Durante la pandemia, las deportaciones y expulsiones por vía terrestre desde los Estados Unidos ocurren ahora durante horarios extendidos, ignorando las medidas previas establecidas para proteger a las y los migrantes que llegan a las peligrosas ciudades fronterizas mexicanas. Casi todos los solicitantes de asilo y migrantes, incluidos los menores no acompañados, que intentan cruzar en cualquier lugar a lo largo de la frontera de los Estados Unidos, ahora están sujetos a expulsiones expeditas de conformidad con el Título 42. Las expulsiones son realizadas por agentes fronterizos de los Estados Unidos en flagrante violación de las leyes internacionales de los derechos humanos e ignorando completamente las medidas de protección infantil establecidas en la Ley de Reautorización de la Protección a Víctimas de Trata (TVPRA, por sus siglas en ingés). El enfoque de los Estados Unidos en los retornos expeditos ha dado lugar a innumerables expulsiones sin la previa notificación a los funcionarios mexicanos, quienes, en esos casos, no pueden realizar las pruebas de detección del COVID-19.

El ICE, por su cuenta, realiza únicamente un examen visual y un control de temperatura antes de que una persona sea deportada o expulsada, una medida que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha declarado ineficaz para comprobar el contagio por COVID-19. Asimismo, la dependencia ha rechazado las solicitudes de los países receptores de suspender las deportaciones de los Estados Unidos,  y se ha advertido a las naciones que enfrentarán sanciones de visas si rechazan a sus propios ciudadanos. Estas condiciones impuestas por los Estados Unidos han creado un riesgo inaceptable para la salud pública que ha alarmado a los países del Caribe y América Latina, incluyendo a México, los cuales se han visto obligados a recibir casos de portadores asintomáticos que más tarde han dado positivo. 

Incapacidad de proteger a mexicanos vulnerables a su llegada

En el lado mexicano, las personas deportadas de los Estados Unidos informan que los funcionarios de salud llevan a cabo revisiones inadecuadas en los puertos de entrada, donde a lo mucho, se realiza un control de temperatura. No existe ningún requisito estricto en cuanto a que se deba examinar a las personas deportadas o retornadas para detectar el contagio por COVID-19, o aislarlas o entregarles un cubrebocas, a pesar de que las ciudades y los estados mexicanos a lo largo de la frontera lo han hecho obligatorio. La falta de recursos federales o de un protocolo integral y uniforme ha contribuido a los débiles esfuerzos en la frontera por controlar la propagación de este virus altamente contagioso. La combinación de medidas de detección y control insuficientes e ineficaces implementadas por ambos países ha dado como resultado que las personas deportadas de los Estados Unidos estén vinculadas a brotes en refugios para migrantes.

La repatriación de mexicanos y mexicanas, incluyendo personas separadas de sus familias, madres que han dado a luz recientemente, personas con discapacidades físicas y lesiones graves, y veteranos de los Estados Unidos, plantea desafíos particulares durante la pandemia que no han sido considerados ni priorizados en las políticas públicas. Una vez en territorio mexicano, las personas deportadas se enfrentan a opciones de albergue limitadas, situación de calle en muchos casos, inseguridad, angustia, xenofobia, un sistema de salud que no responde y una economía en quiebra.

“Me estoy volviendo loco de la desesperación.”

El cierre masivo de las oficinas gubernamentales y la suspensión de servicios que las y los mexicanos deportados requieren para acceder a los documentos de identidad ha dejado a una porción significativa de la sociedad mexicana sin protección social durante una de las pandemias más extendidas de la historia. La incapacidad del gobierno mexicano de considerar e incluir a las y los ciudadanos mexicanos deportados en las políticas y decisiones de salud mexicanas, ha dejado a estas personas sin acceso al trabajo, beneficios gubernamentales o servicios de cualquier tipo.

Recomendaciones

El COVID-19 es una crisis de salud global que requiere respuestas responsables de salud pública, así como mayores esfuerzos del gobierno para garantizar la salud, la seguridad y la inclusión social de las y los mexicanos deportados o expulsados de los Estados Unidos durante la pandemia. Debido a su proximidad y al intenso tráfico entre los dos países, los Estados Unidos y México deben coordinar esfuerzos para mantener la seguridad de la región.

Si bien el epicentro de la pandemia permanece en el hemisferio occidental, instamos a las administraciones de Trump y López Obrador a proteger la vida y el bienestar de los norteamericanos durante la pandemia emprendiendo las siguientes acciones:

Estados Unidos

• Suspender inmediatamente todas las deportaciones de mujeres, hombres, niñas, niños y familias a su país de origen; 
• Liberar a todos los y las inmigrantes de los centros de detención tras realizarles un examen médico de acuerdo con los lineamientos de salud pública de COVID-19, utilizando la libertad condicional humanitaria, la liberación bajo reconocimiento propio y, cuando sea necesario, alternativas comunitarias a la detención;
• Garantizar el derecho al asilo al otorgarles libertad condicional a las y los solicitantes de asilo y asegurar la liberación de todos los y las solicitantes de asilo en los Estados Unidos a través de la libertad condicional u otras alternativas comunitarias a la detención;
• Tratar a los niños y a las niñas no acompañados(as) de acuerdo con las salvaguardas que se establecen en la Ley de Reautorización de la Protección a Víctimas de Trata (TVPRA) y que son obligatorias de conformidad con las normas de bienestar infantil;
• Coordinar un enfoque regional que implemente medidas de precaución, detección y control para evitar que se agrave la crisis de salud global; 

México

• Dejar de aceptar inmediatamente a personas no mexicanas expulsadas de los Estados Unidos que necesiten protección internacional y que estén siendo retornadas en contravención de las obligaciones internacionales, la TVPRA y la ley de asilo de los Estados Unidos.
• Tomar medidas inmediatas para eliminar la situación de calle entre las poblaciones de migrantes, refugiados, apátridas y retornados; 
• Facilitar la transportación de personas deportadas y repatriadas hacia un lugar seguro luego de su llegada a México;
• Prevenir y combatir la xenofobia y estigmatización en los lugares donde el COVID-19 ha exacerbado la xenofobia, el odio y la exclusión;
• Implementar medidas de emergencia para garantizar que las poblaciones de migrantes, refugiados, apátridas y retornados tengan acceso igualitario a los programas de protección social, incluyendo los niveles adecuados de atención médica; 
• Reanudar inmediatamente los servicios gubernamentales necesarios para emitir documentos de identificación y eliminar las barreras al derecho a la identidad, a fin de que las y los mexicanos pueden acceder a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas; 
• Sin más demora, ofrecer y comprometerse a programas de repatriación que garanticen que las y los mexicanos deportados de los Estados Unidos que lleguen solos o con sus familias, tengan acceso a información, identidad, salud, trabajo y educación; y
• Coordinar con los Estados Unidos un enfoque regional que incorpore una perspectiva migratoria que implemente medidas de precaución, detección y control para evitar que se agrave la crisis de salud global.

Firmantes

Al Otro Lado

Asylum Access Mexico (AAMX) A.C.

Caminamos Juntos

Centro de Apoyo Marista al Migrante – CAMMI

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, CAFAMI A. C. 

Centro de Investigación Autónomo de la Frontera

Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género

Deportados Unidos en la Lucha

Dreamers Moms USA Tijuana A.C.

Education and Leadership Foundation

El Refugio Casa Del Migrante

Espacio Migrante

Estudiantes Regresando a México, A.C. (“Dream in Mexico”)

Fair Immigration Reform Movement (FIRM)

Families Belong Together México 

FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C.

Fundación Promigrante América Sin Muros

Grupo Destino y Libertad Servicio Unidad Recuperación (GDLSUR) 

Immigrant Defenders Law Center

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C.

Instituto de Geografía para la Paz AC

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Kino Border Initiative

Los Angeles Center for Law and Justice

Loyola Immigrant Justice Clinic

Médicos Sin Fronteras

Mexican Migration Project

ODA, Otros Dreams en Acción

Pathways for International Cooperation, Inclusion, and Solidarity (PICIS)

Public Counsel

Puente TJ United (Tijuana)

Red Unidos

Sin Fronteras I.A.P. 

Sisters of Mercy of the Americas Justice Team

Southwestern Law School Community Lawyering Clinic

Sueños Sin Fronteras de Tejas

El Centro Rizoma del Migrante

Unified U.S. Deported Veterans

Washington Office on Latin America (WOLA)

Yaotlyaocihuatl Ameyal A.C.